ONU pide a AMLO no ir por la militarización, pero él insiste en la Guardia Nacional.



El Comité de la Convención contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha señalado que la militarización no es el camino y que la creación de la Guardia Nacional que plantea Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, es un peligro.


Rainer Huble integrante del Comité explicó que cuando el CED emitió sus observaciones en el tema de la militarización fue cuatro días antes de que la SCJN se pronunciara en contra de la Ley de Seguridad Interior: “La observación de la CED no es recomendación sino un llamado. La militarización no es el camino”.


El Comité pone énfasis y alerta es su “preocupación por el rol otorgado a las fuerzas militares para las tareas de seguridad pública en la mayoría del territorio del Estado parte, la creciente militarización de las autoridades civiles encargadas de hacer cumplir la ley y el impacto que esta tendencia podría tener en el aumento de la desaparición forzada y en la impunidad”.


Sin embargo, López Obrador, durante su discurso de toma de posesión (tres días después de este llamado del comité) dedicó especial defensa a la creación de la Guardia Nacional y pidió urgencia a los legisladores para aprobar las reformas que se requieren para su conformación, argumentando que el Ejército y la Marina son las fuerzas capaces de hacerse cargo de la seguridad, nacional, interior y pública.


Rainer Huhle, reiteró su severa preocupación porque en México persisten las desapariciones generalizadas, y porque en gran parte del país impera la impunidad y la revictimización, por lo que hace unos días presentó ante, Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, las observaciones de la evaluación realizada por dicho Comité a México durante un encuentro celebrado del 5 al 16 de noviembre, en Ginebra, sobre el tema de desaparición forzada.


Entre los aspectos que el CED destaca tras la revisión a México, está que en el país impera la impunidad, la desaparición generalizada se mantiene en gran parte del país, y hay serias deficiencias en las investigaciones de los delitos de desaparición forzada, y hace un llamado al Estado México a “avanzar en la creación de una Fiscalía General de la República autónoma e independiente”.


Además, el organismo internacional se pronunció severamente preocupado por la demora en la puesta en marcha del Sistema Nacional de Búsqueda; por la falta de datos confiables sobre las desapariciones forzadas; el escaso número de condenas; la emergencia que constituye el alto número de cadáveres sin identificación y de fosas clandestinas sin atención.


“El Comité nota con preocupación el bajo nivel de implementación de la Ley General, por la falta de aprobación de su reglamento y de un ente coordinador para la elaboración de un plan de implementación, notando el incumplimiento de los plazos y fechas estipuladas en la misma Ley General y los obstáculos que surgen de la distribución de competencias del sistema federal para su cabal implementación”

El representante del CED dijo que bajo la excusa del federalismo mexicano no se ha cumplido a cabalidad con las recomendaciones, convenios o los tratados en materia de derechos humanos, lo cual, aludió no es aceptable.


Hay obstáculos para la implementación de la participación efectiva de las víctimas y sus organizaciones, en particular en los mecanismos institucionales de búsqueda e investigación, para tener acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.

Otro elemento que destacó es “la gravísima situación de impunidad y no sólo porque es una grave violación a la Convención sino porque creemos que la impunidad es la base o fundamento de los problemas”.


En materia de migrantes, él organismo recalcó en su reporte la “extrema vulnerabilidad de las personas migrantes en el Estado parte. Asimismo, preocupa al Comité que las acciones tomadas resultan insuficientes para garantizar la prevención y la búsqueda, y el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación de las personas migrantes desaparecidas y sus familias.”


El CED realizó diversas reuniones para dar seguimiento a las recomendaciones y a la implementación de la Convención Internacional para la protección de todas personas contra las desapariciones forzadas, que México ratificó en el año de 2011. El Comité, compuesto de 10 expertos y expertas en derechos humanos, internacionales e independientes dialogó con la sociedad civil de México el 7 de noviembre y después con el estado mexicano, el 9 de noviembre.


Información y fotografía de, Sin Embargo.

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