“Ley Garrote” es llevar a la cárcel quienes se manifiesten en Tabasco.

Adán Augusto López Hernández, gobernador de Tabasco, envió al Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Penal de la entidad para aumentar las penas de 6 a 13 años a personas que incurran en “delitos contra la libertad de tránsito; de oposición a que se ejecuten trabajos y obras públicas, e interrupción o dificultad del servicio público de comunicación”.


De acuerdo a los diputados de Morena que aprobaron la iniciativa de López Hernández argumentaron que lo que buscan “es meter un orden, en donde las cosas que son justas se hagan”.


Los diputados del PRI y PRD que votaron en contra y la legisladora del tricolor, Ingrid Rosas Pantoja, por el Partido Revolucionario Institucional, consideró que “Las reformas se usarán no solo para los miembros de los sindicatos que bloquean obras y accesos para que les asignen los trabajos o reciban alguna prebenda, sino que por lo elevado de las penas, también serán pretexto para inhibir el derecho de los ciudadanos de ejercer cualquier tipo de inconformidad en contra del Gobierno federal, estatal o municipal, aunque sean pacíficas”.


En el estado de Tabasco se la denominado a iniciativa como “Ley Garrote” y se cuestiona porque se impide una estrategia que López Obrador como opositor utilizó, como bloqueos, toma de pozos de Pemex en Tabasco, así como el plantón por más de un mes en el Zócalo de la Ciudad de México y el bloqueo de Paseo de la Reforma.


También se ha interpretado como una acción para prevenir resistencia a la construcción de la Refinería Dos Bocas así como por haber perdonado la deuda de 11 mil millones de pesos, que Tabasco le debía a CFE, deuda que se generó a causa del llamado de López Obrador, hace 25 años, de pedirle a sus paisanos que no pagaran el servicio por ser costoso y por el fraude electoral.

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